Médicos y pasantes asignados a zonas con presencia del crimen organizado han sido asesinados, secuestrados, extorsionados, agredidos y amenazados sin que autoridades de salud ni de seguridad los protejan oportunamente.
En el IMSS, por ejemplo, al menos 50 doctores han solicitado este año cambio de plaza por sentirse en peligro en las regiones a las que han sido adscritos, informó Manuel Vallejo Barragán, recién electo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
En algunos casos, indicó, les cobran cuotas de protección y, en otros, son amenazados para atender a ciertas personas.
“Los obligan a que atiendan a un paciente, los regresan, vuelven a ir por él, lo intimidan, le andan mandando mensajes amenazantes, le dicen que ya tienen localizada a su familia”, comentó Vallejo en entrevista.
Advirtió que algunos ya no quieren ocupar plazas en zonas de riesgo y que los hospitales están solos.
Un ejemplo es Tamaulipas. El secretario estatal de Salud, Norberto Treviño García Manzo, dijo que actualmente seis clínicas están cerradas por la violencia en Padilla, Soto la Marina y la frontera.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, Sara Cortés, aseguró que las autoridades del sector salud de los tres niveles de Gobierno y directores de los planteles de la asociación que dirige acordaron brindar condiciones básicas de seguridad a los pasantes enviados a zonas de peligro.
También se pactó emitir una Norma Oficial Mexicana que regule las condiciones físicas de las unidades médicas, aunque, reconoció, no hay ningún avance a este respecto.
Reforma analizó los casos reportados por facultades, medios de comunicación, blogs médicos y autoridades de salud locales.
El resultado indica que, en los últimos seis años, al menos 3 médicos pasantes fueron asesinados, 2 fueron secuestrados, uno fue agredido con un picahielo, 2 fueron levantados por comandos armados para atender a personas heridas, una fue violada y 62 recibieron amenazas.
Las escuelas de medicina han tomado medidas para proteger a sus egresados.
En 2011, en Tamaulipas se anunció que no se enviaría a pasantes a comunidades rurales; en octubre, el Politécnico Nacional suspendió su servicio social en el Altiplano de San Luis Potosí, y, desde hace unos meses, centros de salud de la sierra de Sinaloa se encuentran sin personal.
